Eduardo Medina-Mora, el ministro de los conflictos de intereses

México.- Durante su trayectoria, Eduardo Medina-Mora ha ocupado puestos importantes en la administración pública, que van desde seguridad nacional, como el Cisen y la PGR, en la diplomacia como embajador de México en Estados Unidos, hasta su cargo actual como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este año, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza regresó a los titulares de los principales diarios del país, al ser acusado de transferencias millonarias a bancos de Estados Unidos y Reino Unido, según una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Reino Unido.

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que Estados Unidos ya notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda de los depósitos sospechosos del ministro.

El año pasado, como ministro de la Corte, participó en el análisis de la acción legal que emprendió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto, por el presunto desvío de 250 millones de pesos destinados a esa entidad y que según el mandatario fueron a parar a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2015.

El alto tribunal determinó la suspensión indefinida de las investigaciones, al admitir la controversia constitucional que presentó la Presidencia de la República el 11 de octubre de 2018 contra el gobierno panista de Corral Jurado.

El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien ocupa el cargo de ministro de la Suprema Corte desde el 10 de marzo de 2015, empezó su encargo en medio de críticas y señalamientos de conflictos de interés.

Alejandro Madrazo Lajous, profesor del CIDE, organizó una colecta de firmas a través de la plataforma Change.org para que Medina-Mora Icaza no fuera nombrado ministro de la Corte, donde tendría en sus manos casos de violaciones de derechos humanos; así, unas 50 mil firmas fueron presentadas en el Senado por legisladores y activistas sociales, pero nada de eso impidió su llegada al alto tribunal.

Como procurador general de la República atendió el caso de la tragedia de la Guardería ABC, en Sonora, en 2009, del que es acusado por organizaciones civiles de falta de voluntad para alcanzar la justicia.

En 2006, fue relacionado con violaciones a los derechos humanos en el caso de tres mujeres indígenas -Jacinta, Alberta y Teresa-, quienes fueron detenidas y encarceladas por más de tres años acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).

También, en el mismo año, cuando Medina-Mora era secretario de Seguridad Pública, ocurrió el operativo contra pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México, que se oponían a la construcción del nuevo aeropuerto capitalino; el saldo fue de dos activistas muertos y al menos 26 mujeres denunciaron haber sido violadas por policías.

En 2007 promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra las reformas para la despenalización del aborto que aprobó la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El ministro Medina-Mora respondió al diario El Universal, a través de una carta, que la información difundida y titulada “Los depósitos sospechosos de Medina Mora” es falsa e inexacta, y que los números de cuenta a los que hace referencia el autor del texto, Salvador García Soto, no corresponden a cuentas bancarias de las que él sea titular.

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